¿Por qué Japón no condena la sangrienta guerra de Duterte contra la droga?

Recientemente Phelim Kine, subdirector de la división asiática de Human Rights Watch, ha criticado abiertamente en un artículo al primer ministro japonés por no haber condenado la sangrienta guerra contra la droga del presidente filipino Rodrigo Duterte. Condena que Abe Shinzō haya hecho la vista gorda ante las ejecuciones sumarias de civiles que ha promovido su aliado asiático, y que ni siquiera haya dudado en prometer y mantener la ayuda financiera a este país pese a las flagrantes violaciones de los derechos humanos.

Estoy de acuerdo con Phelim Kine. Es imposible no estar de acuerdo con él y al mismo tiempo defender la justicia y los derechos humanos. Pero el breve artículo, como suele ser habitual en estos casos, tiene un problema que para mi gusto se repite en los medios internacionales cada vez que se habla de Japón, Corea del Sur, Taiwán o China: la falta de contexto geográfico y la omisión de la realidad política de la región.

Lo que trataré de explicar brevemente es lo siguiente: Japón no condena la política de Duterte porque no puede permitirse dar un paso en falso en su relación con Filipinas. Kine censura la actitud de Japón, que contrasta con la de algunos países europeos o la de Estados Unidos que sí han condenado los crímenes de Duterte. Pero a mi juicio, cuando se trata de valorar la actitud de un país asiático hacia otro, la comparación no se debe ejercer con un país de occidente. Los intereses, las relaciones y los equilibrios que Japón tiene con Filipinas son muy distintos a los que tiene con los Estados Unidos, por ejemplo. En toda relación bilateral siempre hay países vecinos observando.

Difícilmente podemos entender el juego diplomático que se desarrolla hoy en Asia Oriental sin hacer alusión a lo que está ocurriendo en el Mar de la China Meridional y la nueva diplomacia china. Japón ha tratado de aprovechar el recrudecimiento de los conflictos territoriales de China con Filipinas y Vietnam desde que el gigante asiático publicó la línea de nueve segmentos y declaró como propias las islas que hay en el centro de este mar. Abe logró forjar una sólida alianza con el anterior presidente filipino, Benigno Aquino III, que era esencial para mantener un muro ante el arrojo de China. Pero con la llegada al poder de Duterte esta alianza fue puesta en duda y el equilibrio que hasta entonces se había alcanzado pareció cambiar para inclinarse a favor de Pekín. Eran también, cabe recordar, los últimos meses de Obama.

Duterte no tardó en quitar hierro a la cuestión de las Spratly después de una reunión con Xi Jinping en octubre. China sacó a pasear su poderío económico y el líder filipino volvió cantando las alabanzas de su nuevo amigo en Asia. No tardó un segundo en declarar en uno de sus ya habituales exabruptos que los tiempos de las buenas relaciones con los estadounidenses habían terminado. Esto, obviamente, causó preocupación en Tokio.

Desde el despegue de China como potencia de primer orden, Japón intenta en la medida de los posible mantener una buena relación con el resto de islas del Pacífico para no caer en la irrelevancia. A China, por otra parte, le interesa aislar políticamente a Japón en la región, ya que es el principal bastión que EE. UU. tiene para evitar que Pekín termine controlando el océano Pacífico. Cuando Japón y los Estados Unidos hablan de mantener el status quo en esa región, se refieren al orden que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, un orden hoy cuestionado por algunos países.

Un país como EE. UU. puede permitirse condenar la política de Duterte y al mismo tiempo seguir tendiéndole la mano. El mandatario filipino también puede permitirse mantener una relación cordial con los estadounidenses pero inclinar su balanza en Asia hacia China, como en cierto punto hizo la expresidenta Park Geun-hye de Corea del Sur en su acercamiento a Pekín y con sus ambiguas declaraciones sobre las actividades de China en el Mar de la China Meridional.

Una actitud crítica con el Gobierno de Filipinas podría, en cambio, aislar a Japón y abrir grietas en sus alianzas en el sudeste asiático que en última instancia facilitaría a China la tarea de tomar el control del Pacífico modificando así el orden mundial nacido en la posguerra. A Japón no le queda otra por el momento que hacer la vista gorda y esperar que lo que parece ser una transición hacia un nuevo orden en la región sea lo menos lesiva posible para su país.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (para el que Duterte parece haber hecho de telonero, dado el parecido que ambos líderes guardan en su carácter), ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro en el Mar de la China Meridional. A Japón le interesa garantizar que se mantenga la libertad de navegación y, más que nada, evitar que se produzca un conflicto en la región o, en caso de un encontronazo entre EE. UU. y China en esas aguas, asegurar la solidez de ciertas alianzas. Por descontado, Tokio trata asimismo por todos los medios de garantizar un presente y futuro de acuerdos comerciales y contratos para construir infraestructuras en Filipinas, una tarea que cada año se vuelve más complicada ante el empuje de su vecino asiático.

Esta delicada situación hace que Japón se vea obligado a medir sus palabras y mantenerse prácticamente al mismo nivel que China, que ha apoyado abiertamente la sangrienta guerra contra el narcotráfico de Duterte. Y esto no debería sorprendernos, ya que es algo que todos o al menos una gran mayoría de países hacen (lo cual no lo convierte en algo ético). Por duro que sea, en la eterna contienda económica y geopolítica mundial pequeños gestos de justicia pueden tener nefastas consecuencias.

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¿Por qué Japón no condena la sangrienta guerra de Duterte contra la droga?